De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, por cada mil personas mayores de 15 años en el país, 75 presentan un trastorno depresivo. Sin embargo, menos de la mitad accede a tratamiento, pues sólo 30 de ellas demandan efectivamente atención médica para su patología.
La prevalencia de la depresión convierte a esta enfermedad en el problema de Salud Mental que más discapacidad produce en las mujeres y la ubican, además, en el segundo lugar de las causas de Años de Vida Saludables Perdidos por Discapacidad o Muerte Prematura, después de la Hipertensión Arterial.
Se trata de una patología que, tal como afectó al comentarista y ex futbolista, Eduardo Bonvallet, se manifiesta con episodios que van desde moderados a graves y que pueden ser acotados o extenderse 2indefinidamente. “La depresión produce discapacidad generalmente transitoria, pero a veces también permanente, y genera mortalidad por suicidios”, explica el jefe del Departamento de Salud Mental del Minsal, Mauricio Gómez.
La disparidad entre la prevalencia de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes afecta tanto a las personas del seguro público, Fonasa, como de las isapres. En el primero, marcado por falta de especialistas y demoras en la atención, y en el segundo, por los altos costos asociados a las terapias siquiátricas y la baja cobertura financiera para éstas.
“Existen brechas de detección, ya sea porque las personas no perciben su condición como una que requiera atención de salud, estigma hacia la enfermedad mental o falta de procedimientos de detección”, dice Gómez, quien añade que para ello se realizan procedimientos de tamizaje en ciertos grupos de riesgo, como jóvenes y embarazadas, tras el parto. “Son estrategias para paliar estas brechas, que sabemos pueden ser enormes, porque la red de salud mental no es suficiente. Hoy es más grande que nunca, pero no se ha llegado a lo que se necesita”.
Eduardo Soto, miembro de la Corporación de Usuarios, Familiares, Amigos de personas con discapacidad psíquica, afirma que “el primer costo es la atención con el psiquiatra. Si se trata de forma particular, la consulta es de entre $ 30 y $ 60 mil. Si hay riesgo de suicidio, implica internación en clínica, $ 200 o $ 300 mil diarios y a eso hay que sumarle los medicamentos”. Soto agrega que “si es depresión compleja, como las endógenas, son muchos años que la persona está con control médico y medicamentos y, si hay recaídas, puede estar dos a tres semanas en una clínica, lo que puede llegar a tres o cuatro millones de pesos”.
Para abordar estos elevados costos y facilitar el acceso al tratamiento, la depresión fue incluida en 2006 en el Auge y es, actualmente, la garantía más usada en las isapres, superando en tasa a la red pública.
Eso, se explica tanto por la baja cobertura que dan los seguros privados a las consultas siquiátricas -28,5% en 2014- y, además, por la disponibilidad de médicos: hay un promedio de espera de 43,7 días en la red pública para ser atendido por un especialista en salud mental, más del doble que en el sector privado, donde llega a 14,4.
Ley de Salud Mental
El diagnóstico del Ministerio de Salud sobre esta materia, apunta a que se debe reforzar las redes de atención y mejorar las coberturas. “Incluso con el Auge, estimamos que solo el 20% de las personas que padecen estos trastornos está en tratamiento”, sostiene Gómez, quien adelanta que en el Minsal se está trabajando desde comienzos de este año en un informe, que será la base de un proyecto de ley de Salud Mental. La idea es que, por esta vía se eleven los $ 90 mil millones de presupuesto anual destinado a esta materia. “Se necesita más que duplicar el presupuesto”, afirma Gómez.
El proyecto incluiría aspectos multisectoriales para la protección de la salud mental y la prevención de las enfermedades, permitiendo mejorar la inclusión de los pacientes, reforzar los centros de atención y elevar la cantidad de especialistas, entre otros.
Fuente: www.latercera.com
